Desde hace cuatro años ni siquiera puede bajar sola los 30 peldaños que separan su casa de la calle porque le fallan las piernas. Está enganchada a un cóctel de pastillas para soportar el dolor de los espasmos que le recorren la espalda. Tiene reconocido un grado de dependencia del 42%. Y todo después de pasar dos veces por el quirófano del Ramón y Cajal.

Sonia SánchezEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce que fue víctima de una «asistencia sanitaria defectuosa» y estima que 3.066 euros es una indemnización adecuada. Sólo las costas del proceso judicial le saldrán a la afectada por unos 5.000.

Esto es sólo un retazo del calvario en el que Sonia Sánchez vive enredada desde que en 2010 se sometió a una operación de hernia discal rutinaria. Una semana después volvieron a abrirle porque el cirujano había olvidado dentro una gasa. Entonces empezaron los problemas. A la abultada lista de los físicos, se suma la de los que no dejan huella visible: «Estoy en tratamiento psiquiátrico, sufro ataques de ansiedad, me da pánico sólo de pensar que hay que ir al hospital…».

EL MUNDO se hizo eco de su caso en 2011. Entonces en el Ramón y Cajal argumentaron que no se había cometido ninguna negligencia médica, que todo se debía a «una complicación propia de una intervención quirúrgica». Apenas unos meses después, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la paciente, admitiendo que había habido mala praxis, y fijó una indemnización de 3.066 euros «por los daños y perjuicios ocasionados».

«Desde los tres años mi hijo tiene que vestirse solo. Yo sigo aquí, pero como si no. Eso no se paga ni con 3.000 ni con con tres millones. Esto no es una cuestión de dinero. Pero que por lo menos se haga justicia».

Con este pensamiento Sonia decidió recurrir al TSJM. La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admite en su sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario, que hubo un error médico, pero considera que «no ha quedado debidamente acreditada» la relación entre los problemas que sufre la paciente y las actuaciones médicas llevadas a cabo con motivo de la pérdida de la gasa.

Por eso da por buena la indemnización fijada por la Comunidad de Madrid y condena a la recurrente a abonar el importe de las costas, que según le han dicho rondarán los 5.000 euros. La recurrente reclamaba una compensación de 45.865 euros por las secuelas que le dejó la operación. Al final, la negligencia médica le va a salir cara.

«He tenido mala suerte hasta con la abogada», se lamenta Sonia, que recurrió a la «asistencia letrada gratuita con Mapfre» incluida en el seguro de hogar que tiene contratado. «Ni siquiera me ha visto. Y no ha sido capaz de demostrar lo obvio: ni las secuelas estéticas por las 32 grapas de la segunda operación ni las mentales, documentadas con los informes psiquiátricos», argumenta esta mujer de 41 años que tiene que dar por agotada la vía judicial porque no puede permitirse un nuevo revés económico.

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid le reconoció en 2011 un grado de discapacidad del 42% por «limitación funcional de la columna» y «trastorno de la afectividad». Un tribunal médico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinó en 2013 que padece un «proceso osteodegenerativo morfológicamente evolucionando» que le impide realizar «actividades de exigencia física con sobrecarga del esqueleto axial».

«Y aun así sólo tengo derecho a una ayuda de dependencia de 100 euros que no empezaré a cobrar hasta julio de 2015… ‘casualmente’ en año de elecciones. A quien le cuentes esto no se lo cree».

Fuente: elmundo.es