El Tribunal Supremo ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al pago de una indemnización de 450.000 euros a una paciente y a su hija por no ser informada de la posibilidad de realizar una cesárea ante un embarazo de alto riesgo.

La paciente afectada tenía antecedentes personales de adicción a drogas por vía parenteral (no durante la gestación que nos ocupa), hepatitis B y C; y diabetes insulinodependiente; tenía como antecedentes obstétricos dos abortos y dos partos eutócicos anteriores, uno de peso 3.000 gr. y otro de 3.540 gr.; estaba siendo controlada en Consulta de Patología del Embarazo desde la semana 9.

Durante el control de la gestación se localizaron diversas complicaciones de carácter leve como presentación podálica, que se corrigió posteriormente, placenta posterior y líquido amniótico ligeramente aumentado o hidronefrosis renal derecha fetal leve. Asimismo, la paciente fue ingresada en distintas ocasiones por complicaciones y control de la gestación.

Finalmente, la paciente acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Santa Cristina por contracciones, siendo diagnosticada de amenaza de parto pretérmino y quedando ingresada en la Planta de Alto Riesgo. Se indicó inducción por polihidramnios, existiendo el correspondiente consentimiento informado firmado por la paciente.

La inducción se realizó al día siguiente de su ingreso en urgencias, con una duración del periodo de dilatación de 4 horas y 30 minutos, presentándose el feto de nalgas y procediéndose a la rotura artificial de la bolsa. En el periodo expulsivo se empleó, en primer lugar, la maniobra de Brach, posteriormente la de Mauriceau; y al ser esta última dificultosa se decidió aplicar un fórceps de cabeza, última para la extracción fetal. La duración total del periodo de expulsivo fue de 15 minutos, permaneciendo el registro cardiotocográfico normal en todo momento.

El nacimiento se produjo a las 20’05 h, siendo el recién nacido una niña de 2.690 gr. de peso, Test de Apgar de 6 al primer minuto y de 10 a los 5 minutos, y el ph en arteria umbilical de 7,28, precisando una reanimación tipo III.

La recién nacida fue ingresada en Neonatología por ser un pertérmino e hija de madre diabética. Al día siguiente se le realizó una ecografía cerebral que informó de leve hiperecogenicidad en región occipital a controlar. Tras diversos controles, fue dada de alta días más tarde, con diagnóstico de pretérmino, hijo de madre diabética, hemorragia grado 1 derecha periventricular e ictericia multifactorial, siendo remitida a Consulta de Neurología del Hospital “Niño Jesús” de Madrid. El 13 de enero de 2004 se le concedió un grado de minusvalía del 75% por presentar retraso madurativo por encefalopatía de etiología; sufrimiento fetal/perinatal; y crisis parcial por encefalopatía de etiologías sufrimiento fetal perinatal.

Analizados los diversos informes médicos periciales practicados en autos, el Tribunal llegó a la conclusión de que los profesionales de los servicios médicos, intervinientes en los hechos examinados, actuaron conforme a la lex artis ad hoc, sin existir indicios de mala praxis, ya que todos los informes han concluido que las maniobras realizadas fueron correctas, y que las lesiones de la niña se debieron a su prematuridad.

Sin embargo, el Tribunal ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, ya que la paciente no fue informada de la posibilidad de realizar una cesárea, asumiendo, de forma unilateral los facultativos que la atendieron, la decisión de finalizar el parto por vía vaginal. Asimismo, la Sala ha señalado que en este caso no hubiera sido una cesárea a demanda, ya que se trataba de un embarazo de alto riesgo por la patología asociada, por la prematuridad, diabetes mal controlada –macrosomía o sospecha de feto grande, polihidramnios o aumento de líquido amniótico- y la presentación podálica del feto, con el deber de los facultativos de informar a la paciente de la posibilidad de realizar una cesárea si ella lo hubiera decidido así, y no asumiendo los riesgos de un parto vaginal de nalgas sin haber firmado consentimiento informado alguno.

De esta manera, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid deberá indemnizar a la afectada con 50.000 euros por el daño moral sufrido, y a su hija con 400.000 euros por daño material, ya que tiene un grado de minusvalía del 75%.