El Tribunal Supremo ha condenado a la Consejería de Sanidad al pago de una indemnización de 200.000 euros a una paciente que tuvo que ser reintervenida en varias ocasiones tras sufrir una infección postoperatoria que no fue atendida a tiempo. La paciente, representada por la Asesoría Jurídica de AVINESA, durante el proceso, venía sufriendo una hernia umbilical desde hacía unos 20 años.

El 17 de mayo del año 2000 fue intervenida de la misma en el Hospital Puerta de Hierro, siendo dada de alta a las 48 horas de la operación por no presentar complicaciones.

Sin embargo, el 22 de mayo de 2000, a las 72 horas de la intervención, la paciente acudió a urgencias por sufrir dolor en la herida abdominal, tener el vendaje manchado y maloliente, malestar general y fiebre. Por estos motivos, se realizó lavado y curetaje de la herida, y se indicó tratamiento antibiótico en casa y revisión por su cirujano a los tres días.

De esta manera, la paciente acudió a la cita que tenía previamente concertada con su cirujano, momento en el que se detectó fiebre de 39 grados e infección de la herida quirúrgica con gran celulitis, por lo que se realizaron nuevamente lavados y limpieza de la herida.

Ese mismo día, la paciente acudió nuevamente a urgencias, aplicándose el mismo tratamiento.

Días más tarde, la paciente tuvo que ser ingresada en la Planta del Hospital Puerta de Hierro por presentar infección necrotizante de tejidos superficiales (gran celulitis en franco izquierdo) secundaria a infección de herida quirúrgica. En este momento se recogieron muestras para cultivo.

Así, la paciente tuvo que ser reintervenida en varias ocasiones en los días posteriores, para intentar parar la infección generalizada que sufría, teniendo que ser aplicado también tratamiento de rehabilitación el día 25 de junio de 2000, consistente en fisioterapia respiratoria y cinesiterapia de miembros, así como teniendo que ser valorada por psiquiatría el 3 de agosto de 2000 por encontrarse muy deprimida.

Finalmente, la paciente fue dada de alta el 10 de enero de 2001, siguiendo un tratamiento rehabilitador de manera ambulatoria desde el 14 de febrero de 2001 hasta el 29 de junio de 2006, fecha en la que fue dada de alta por estabilización del cuadro.

El 7 de marzo de 2002, el Juzgado de lo Social de Madrid declaró a la paciente en situación de invalidez permanente total, por presentar limitada movilidad cervical y de los hombros, debilidad y atrofia muscular interósea de ambas manos, cervicoartrosis, limitación severa para la marcha con inestabilidad que le obliga a desplazarse con ayuda de otra persona y limitación funcional muy marcada para todas las actividades manuales.

Para el Tribunal, que se ha basado en el informe de la perito judicial, ante la sintomatología que ya presentaba la paciente el día 22 de mayo era necesario un diagnóstico precoz y tratamiento médico quirúrgico hospitalario, por lo que existió un retraso en la actuación de los facultativos que trataron a la paciente los días 22 y 25 de mayo (ya que el 25 persistían los síntomas ya presentes el día 22 pero agravados), que provocó los posteriores padecimientos que sufrió la paciente incluidas las secuelas.

Por todo ello, el Tribunal Supremo ha condenado a la Consejería de Sanidad de Madrid al pago de una indemnización de 200.000 euros a la paciente afectada, rechazando así la decisión tomada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que denegó el recurso presentado por Avinesa en nombre de la paciente.