La Audiencia Provincial civil de Madrid ha condenado a la compañía Berkley, aseguradora del Servicio Riojano de Salud, a pagar una indemnización de 124.621, 47 euros a los padres de un pequeño de tres años que falleció en el año 2015 a consecuencia de lo que considera una «negligencia» médica en el Hospital San Pedro de Logroño.

El juez admite el recurso presentado por la familia del pequeño representada por los servicios jurídicos de AVINESA. Les da la razón al admitir que se vulneró la ‘lex artis ad hoc’ -conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en ese momento- y tumba la sentencia de primera instancia que absolvía a la aseguradora. En el fallo judicial, se reconoce de forma contundente que «de haberse adoptado a tiempo la decisión de trasladar al menor con urgencia a la UCI pediátrica correspondiente, no se habría producido el fatal desenlace».

El pequeño tenía tres años y había nacido con una mutación genética que le podía producir diversas anomalías en el paladar, en el corazón y en otros órganos. Malformaciones que en su caso habían sido descartadas. En octubre del 2014 acudió al servicio de otorrinolaringología del Hospital San Pedro por pérdida de audición y cuadros de estridor laríngeo -signo de dificultad respiratoria en niños-, y en abril del año siguiente acudió de nuevo a consulta de la misma especialidad donde se acordó la intervención quirúrgica del menor en el centro de referencia, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

El 22 de julio el pequeño fue sometido una cirugía laríngea mediante láser. Al día siguiente, sin que se hubiera producido ningún incidente, recibió el alta y regresó a su domicilio en un municipio del entorno de Logroño.

«No se adoptaron todas las medidas oportunas para preservar la salud del paciente», apunta el fallo.

El menor falleció el 30 de julio del 2015, ocho días después de ser sometido a una cirugía laríngea.

El día 26, el menor empeoró y los padres le llevaron a urgencias del San Pedro. El juicio clínico fue entonces estridor laríngeo y lo mandaron a casa. Al día siguiente, según el relato detallado en la sentencia, acudieron de nuevo a consulta, el pequeño había empeorado y presentaba nuevos síntomas. El médico recomendó su traslado a Urgencias, donde ingresó ese mismo día a las 11.39 horas con diagnóstico de laringitis aguda moderada post intervención quirúrgica. A partir de ese momento comenzó el declive del menor, que a última hora de la tarde, después de sufrir pérdida de conciencia, era conducido en ambulancia medicalizada a la UCI pediátrica del Hospital Virgen del Camino, en Pamplona. Antes del traslado el pequeño fue extubado accidentalmente y el anestesista lo reintubó.

En el nuevo centro hospitalario se confirmó el mal estado general y «se adoptaron las medidas y tratamientos oportunos», pero pese a ello el niño fue empeorando progresivamente hasta que el 30 de julio, a las 19 horas, se confirmó la muerte cerebral.

¿Qué ocurrió el 27 de julio?

La clave está, según el fallo judicial, en qué atención recibió el pequeño. Los padres, consideran que durante el proceso asistencial de su hijo «se infringió en reiteradas ocasiones» la ‘lex artis ad hoc’. Creen que el fallecimiento fue consecuencia de la «deficiente» asistencia sanitaria que se le dispensó en el San Pedro.

Apoyados en un informe pericial elaborado por una especialista en puericultura y pediatría, atribuyen al Servicio Riojano de Salud la acción negligente por «no haber valorado correctamente» la sintomatología que presentaba el pequeño en las consultas previas al 27 de julio ya que, al segundo día de la intervención, en la consulta del pediatra, comenzaron a evidenciarse complicaciones, que se incrementaron en los días sucesivos, sin que se adoptara ninguna medida y sin que los facultativos se detuvieran a investigar y explorar el estado de la laringe del pequeño para ver si las quemaduras producidas por el láser podrían estar generando una obstrucción de la vía respiratoria. Al acudir el 27 de julio al San Pedro la situación era «potencialmente grave» y pese a ello, apunta el fallo, no se derivó al menor a un centro con especialistas y UCI pediátrica hasta última hora de la tarde; no se le cogió una vía, se le ingresó en una planta normal sin personal especializado y sin vigilancia intensiva y no se llevó a cabo una laringoscopia. A las 16.36 horas de ese día, cuando el estado del menor había empeorado no se adoptaron medidas para determinar el origen del cuadro y, ante la situación de fracaso respiratorio evidenciada a las 20 horas, se le intubó sin la presencia de especialistas ni medios adecuados y se suministró Rocuronio pese a estar contraindicado. «Esta circunstancia -apuntaban- es la que provocó la parada cardiorrespiratoria que finalmente acabó con la vida del pequeño».

Para la parte demandada no se dieron ninguno de estos extremos. En su opinión, el estridor que presentaba el niño no podía ser considerado una emergencia, puesto que lo tenía previamente y que como llegó a Urgencias con una laringitis aguda «no existía ningún criterio que indicara que fuera necesaria una UCI pediátrica». Tampoco estaba acreditada la necesidad de que al pequeño le pusieran una vía ni eran previsibles dificultades en la intubación, como así surgieron después. En cuanto a la administración de Rocuronio, sostienen que es necesario premedicar en los casos de intubación si el paciente está consciente, como así fue en este caso.

Finalmente, la Audiencia de Madrid asume en parte los argumentos de los demandantes y admite parcialmente su recurso. A la vista del progresivo y rápido deterioro del menor, del que, según el fallo, «da idea el elocuente parte de enfermería» de las 16.36 horas, que rezaba textual: «Presenta importante trabajo respiratorio, está agotado y muy nervioso», «no se adoptaron todas las medidas oportunas» para preservar la salud del paciente al no ingresarlo en la UCI pediátrica con carácter urgente y eso «por más que se diga que a posteriori, cuando el estado ya es mucho más grave, se activa el protocolo para su traslado a Pamplona». «En ausencia de tal medida entendemos que existe margen con un alto grado de probabilidad para mantener que la causa del fallecimiento del menor se encontraría en no haber sido trasladado a la UCI pediátrica» y de haberse adoptado a tiempo la decisión de trasladarlo «no se habría producido el fatal desenlace tras la desaturación y bradicardia extrema que finalmente conllevó la muerte cerebral».

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