El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 15.000 euros a un paciente al que se le practicó una tumorectomía videotoratoscópica derecha por no informarle de que corría el riesgo de perder movilidad en una mano.

El paciente firmó un documento de consentimiento informado en el que no se le informaba de las consecuencias concretas de la operación. Fue operado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y posteriormente presentó pérdida de fuerza en la mano por neuropraxia postquirúrgica.

El Tribunal ha considerado el defecto en el consentimiento informado como incumplimiento de la lex artis, lo que revela funcionamiento anormal de la Administración.