El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, por el fallecimiento de un paciente a causa del retraso en el diagnóstico de su enfermedad.

El 26 de septiembre de 2001 el paciente ingresó en el Hospital Dr. Peset por cuadro de hemorragia digestiva alta (HDA). Se le practicaron las correspondientes pruebas y fue dado de alta el día 29 de septiembre de 2001 con el diagnóstico de “hemorragia digestiva alta” secundaria a síndrome de Mallory-Weiss y rinitis alérgica.

Tras sucesivos ingresos y pruebas en el hospital, el 25 de julio de 2002 se realiza una endoscopia en la Clínica Virgen del Consuelo, diagnosticándose Sarcoma del Tracto Gastrointestinal (GIST) considerado inoperable. El TAC torazo-abdomino-pélvico descartó metástasis pulmonares y hepáticas, evidenciando tumoración. El estudio inmuniquístico para C-KIT (CD117) resultó positivo por lo que se le remitió al IVO para valoración terapéutica.

En agosto de 2002 en el IVO comenzó tratamiento con Glivec (STI-571), 600 mg/día, con respuesta casi inmediata y buena tolerancia. Ante la excelente respuesta clínica y metabólica se plantea cirugía de rescate que el paciente acepta valorar.

El 15 de abril de 2003 se le practica en el IVO gastrectomía total con diagnóstico anatomopatológico de “tumor del estroma gástrico con cambios involutivos, márgenes libres”, recibiendo el alta el 14 de mayo de 2003.

El 16 de octubre de 2003 un TAC indica sospecha de “recaída retroperitoneal y hepática”, confirmándose el diagnóstico mediante PAAF-biopsia el día 27 de octubre de 2003.

Finalmente, el paciente falleció a consecuencia de la enfermedad el día 22 de diciembre de 2007.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso interpuesto por la Asesoría Jurídica de AVINESA, basado en el concepto de pérdida de oportunidad respecto al diagnóstico del paciente, puesto que en la pérdida de oportunidad hay una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja al daño moral y es el concepto indemnizable.

La Sala ha declarado la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración y la ha condenado al pago de una indemnización de 30.000 euros a los familiares del paciente fallecido.