El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de un paciente que tuvo que ser intervenido en varias ocasiones por patologías relacionadas con una apendicitis que fue diagnosticada de forma tardía.

El 25 de mayo de 1998 el paciente, que contaba con veinte años de edad en el momento de los hechos, acudió al Centro de Salud que le correspondía por presentar dolor abdominal de varias semanas de evolución, siendo diagnosticado de infección urinaria y prescrito un tratamiento farmacológico.

El día 27, ante la persistencia del dolor, se personó en el Servicio de Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias, donde fue atendido por el Urólogo de guardia. Éste confirmó el diagnóstico inicial y recomendó seguir con el tratamiento y control por el médico de cabecera.

El día 28 el paciente regresó al Centro de Salud por el mismo motivo, donde se corroboró nuevamente el diagnóstico y se pautó un analgésico.

En la noche del día 29, y por idéntica causa, acudió al Servicio de Urgencias del citado Hospital, donde fue diagnosticado de apendicitis aguda e intervenido quirúrgicamente el siguiente día 30, presentando un “gran absceso pélvico de 90 mm, que comprime y desplaza anteriormente el aspecto posterior de la vejiga (…) sigma y engloba a asas de delgado”.

A causa de la mala evolución, el 8 de junio, el paciente fue nuevamente intervenido por un absceso en Saco de Douglas, encontrando una importante colección hemática. Los análisis confirmaron la existencia de una peritonitis con múltiples fístulas. Fue dado de alta el 22 de junio.

El 30 de julio del mismo año, el afectado acudió nuevamente al Servicio de Urgencias por dolor abdominal, siendo ingresado y recibiendo tratamiento médico hasta el día 3 de agosto.

El 7 de octubre fue nuevamente ingresado, e intervenido dos días después por suboclusión intestinal. Obtuvo el alta el 1 de noviembre.

Para la Sala, goza de especial relevancia probatoria el informe pericial aportado por el demandante, ya que no ha sido desvirtuado por prueba en contrario. En dicho informe se concluye que existió error de diagnóstico, cuyo “problema principal estriba en la falta de rigor que hay en la anamnesis y en la exploración física que realizan tanto el Médico de Atención Primaria como el urólogo en las primeras 72 horas”. A criterio del perito, en su informe y al responder a las preguntas formuladas por las partes en el trámite de aclaración, el error inicial radicó en que no se hizo hincapié en el cuadro clínico de dolor abdominal ni se practicó una exploración clínica en profundidad en la primera consulta, la cual se limitó a una somera historia y un test de orina de alcance meramente orientativo. A este error se suma el del Urólogo del Servicio de Urgencias, que realizó asimismo un test de orina y ninguna otra prueba pese al resultado normal del test y el empeoramiento del paciente. Por último, cuando días después vuelve a acudir el enfermo al primer facultativo, no hay constancia de que le reexplore, teniendo en cuenta que no había mejorado su estado clínico.

El error se produjo durante las tres primeras consultas a que acudió el paciente con la misma sintomatología, y tuvo su causa en la omisión de las exploraciones y pruebas o análisis prescritos por el saber médico en esas concretas circunstancias, lo que supone una infracción de la “lex artis ad hoc” por los facultativos que atendieron al paciente. La falta de un diagnostico adecuado supuso un retraso en el tratamiento de la apendicitis que agravó sus consecuencias, dando lugar a la necesidad de practicar más intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios de los que hubieran sido precisos para la curación si la dolencia hubiera sido diagnosticada a tiempo.

Por este motivo la Sala ha condenado a la Administración Sanitaria al pago de una indemnización de 30.000 euros por los daños ocasionados al paciente, daños que hubieran sido evitados de haber sido aplicados los vigentes conocimientos de la ciencia médica.