El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, por el fallecimiento de una paciente a la que no se le realizaron las pruebas oportunas para el diagnóstico y tratamiento de un cáncer.

En 1997 a la paciente le fue diagnosticado un melanoma de clítoris maligno nivel III de Clark y Breslow 1.1 mm. de extensión superficial ulcerado, siendo tratada mediante vulvectomía parcial y clitoridectomía, no recomendándose tratamiento adyuvante ni ganglio centinela, presentado recidivas en 1998 en introito vaginal que fue resecado, en agosto de 2000, en que se realizó linfadenectomía inguinal derecha por metástasis ganglionar, y en 2001 en uretra, siendo también resecada, siguiendo revisiones periódicas hasta 2006.

En enero de 2007 se le realizó gastroscopia, tras revisión con ecografía abdominal de seguimiento, detectándose varias lesiones nodulares que fueron diagnosticadas como metástasis de melanoma.

Posteriormente, la paciente acudió a la medicina privada en la Clínica Universitaria de Navarra, donde fue intervenida quirúrgicamente, no siéndole aplicado posteriormente tratamiento adyuvante en el Hospital Universitario de Getafe, una vez había sido iniciado en la clínica privada donde fue operada.

La Sala, en base al informe del perito judicial, ha considerado que hubo pérdida de expectativas de una probable mayor supervivencia de la paciente, puesto que dicho informe, junto con el informe del perito aportado por la parte afectada indica que se perdió en varias ocasiones la oportunidad de realizar el estudio de las cadenas linfáticas regionales próximas a la lesión del melanoma, conocido como estudio del “ganglio centinela”, que puede aportar datos sobre la afectación o indemnidad de la cadena ganglionar, lo que puede condicionar el tratamiento, de tal forma que si se encuentra afectado resulta obligada la linfadenectomía. También ha considerado dicho informe que se perdió la oportunidad de administrar tratamiento complementario coadyuvante en varias ocasiones, tras las extirpaciones quirúrgicas correctas realizadas de la lesión inicial y de sus recidivas. En cuanto a las metástasis gástricas, afirma el informe que tenían una clara indicación quirúrgica para aumentar la supervivencia, y que se perdió la oportunidad de realizar una intervención quirúrgica meses antes de lo que se realizó.

Por estas razones, el Tribunal ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 60.000 euros a la familia de la fallecida.