El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de la esposa y los hijos de un paciente que falleció durante la realización de un contraste al sufrir un shock anafiláctico por alergia al yodo.

El paciente acudió el 11 de octubre de 1999 al Hospital Puerta de Hierro de Madrid por presentar cansancio de varios días de evolución y pérdida de movilidad en el brazo derecho. Le fue realizado un TAC de cráneo que concluyó con “lesiones en ambos hemisferios cerebrales sugestivas de metástasis”, siendo ingresado a continuación en el servicio de oncología con el diagnóstico de posible carcinoma pulmonar más metástasis cerebrales. Se le volvió a realizar un TAC junto con otras pruebas y se inició tratamiento paliativo.

El 27 de diciembre de 1999 volvió a la consulta por un empeoramiento y se decidió su ingreso hospitalario, volviéndose a realizar tomografía axial computerizada (TAC) el 30 de diciembre de 1999, esta vez con la administración de contraste intravenoso. Sin embargo, mientras se estaba practicando dicho contraste, el paciente sufrió un shock anafiláctico lo que le produjo una parada cardiorespiratoria y más tarde la muerte, falleciendo el 31 de diciembre de 1999. Al parecer el paciente era alérgico al yodo.

En cuanto a la actuación de los facultativos que atendieron al paciente, la Sala ha concluido que fue procedente, ya que consta en los informes presentados que tras el tercer ciclo de quimioterapia, el paciente presentó un empeoramiento sintomatológico recitando pruebas de imagen cerebrales, y al presentar el paciente claustrofobia para hacer una resonancia magnética se procedió a efectuar un TAC craneal, y durante la administración del contraste intravenoso el paciente presentó una reacción alérgica, con shock anafiláctico y falleció. En este segundo TAC se administró contraste yodado intravenoso y una exploración con contraste yodado intravenoso puede desencadenar este tipo de episodios de shock anafiláctico y por ello se le informa al paciente de que este tipo de pruebas puede provocar reacciones alérgicas, y al no constar padecimientos alérgicos en los antecedentes del paciente se procedió a su práctica. Y así consta en el informe médico que obra en el procedimiento contencioso-administrativo que emite un informe en el que se concluye afirmando que el paciente precisaba de ese TAC craneal con contraste intravenoso pues presentaba empeoramiento que requería un diagnóstico diferencial para un correcto tratamiento, y el paciente recibió por escrito información sobre este tipo de tratamientos.

Sin embargo, la familia del fallecido mantuvo que la información relativa a los riesgos del TAC no se efectuó al paciente y que la firma que aparecía en el documento presentado no era del mismo, por lo que se practicó prueba pericial para demostrar esta afirmación que concluyó con resultado positivo indicando que la firma no era auténtica, pues no fue extendida por el fallecido. De esta manera, la Sala ha indicado que al existir dudas sobre que el consentimiento se realizase a la persona del paciente, esta situación obliga a no tener acreditada la existencia del consentimiento informado exigido por la Ley General de Sanidad en el presente caso, pues por sí solo constituye, cuando existe daño, una mala praxis, que ha de dar lugar al reconocimiento de responsabilidad al derivarse de la actuación médica.

Por esta razón, el Tribunal ha condenado a la Administración Sanitaria al pago de una indemnización de 20.000 euros más intereses legales a la familia del fallecido como consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por la actuación de la administración sanitaria.