El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA por el fallecimiento de una paciente que sufrió un accidente y que no fue atendida conforme a la “lex artis ad hoc”. La paciente sufrió un accidente y permaneció cuatro días hospitalizada hasta el momento de su fallecimiento por shock. Según el informe de la perito judicial, la paciente aquejaba mareos y no toleraba estar sentada o de pie, además de presentar desorientación y confusión, por lo que era procedente haber realizado nueva analítica de sangre para medir la cantidad de glóbulos rojos. Cuando finalmente se pidió dicho estudio, ya era tarde, puesto que se pidió urgente para el día siguiente cuando debía de haberse practicado en el momento, y más “cuando en la noche del viernes al sábado presenta un pico febril”, de modo que cuando por la mañana le extrajeron, era demasiado tarde; el proceso de pulmón (probablemente infeccioso) también estaba avanzado y el deterioro era tal que la situación era irreversible; se añadió a las pocas horas el trastorno de la coagulación y finalmente lo que se conoce como fracaso multiorgánico, manifestando finalmente la perito su disconformidad con la afirmación de que la paciente presentaba los primeros días estabilidad hemodinámica, insistiendo en la necesidad de practicar analítica para cuantificar la pérdida de sangre. Además, la perito en su resumen ha señalado que “tratándose de una paciente de riesgo (diabética, con antecedentes de infarto de miocardio) antiagregada, con un politraumatismo, era necesario hacer controles analíticos periódicos (que no se realizaron), máxime porque presentó síntomas y signos clínicos de anemia aguda (que pasaron inadvertidos); de haber realizado un hemograma diario, hubiera sido transfundida desde el primer momento en que se detectara la anemización y con ello la evolución de la paciente podría haber sido diferente”, conclusión de cuya contundencia, no cabe sino concluir la existencia de responsabilidad imputable a la demanda.

De esta manera, el Juzgado ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de casi 60.000 euros a las hijas de la fallecida.