La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de una paciente que tuvo que ser intervenida en varias ocasiones por una infección sufrida en la zona donde se le había implantado una prótesis.

En 1995 la paciente, de 77 años de edad con tratamiento por hipotiroidismo desde 1971 e insulinodependiente por sufrir diabetes, fue diagnosticada de gonartrosis bilateral en rodilla derecha y cervicalgia, por lo que en octubre de ese año tuvo que ser intervenida de artoplastia total de la rodilla afectada en el Hospital del Aire.

A los pocos días de la operación, al retirar el drenaje se detectó una grave infección, por lo que tuvo que ser ingresada en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Aire hasta febrero de 1996, continuándose el tratamiento ambulatoriamente.

En septiembre de 1996 tuvo que ser tratada por padecer trastorno de ansiedad, siguiendo dicho tratamiento hasta la actualidad.

Como consecuencia de la infección apareció un aflojamiento de la prótesis, por lo que se tuvo que realizar un recambio de la prótesis, lo que se llevó a cabo de noviembre de 1996.

Al año siguiente, la paciente fue revisada por el Tribunal Médico del Hospital Militar del Aire, que dictaminó que la paciente presentaba una rodilla moderadamente inestable con laxitud anteroexterna, una flexión de rodilla de 80º y extensión completa, una artrodesis de la región lumbar de L3 a L4 y de L4 a L5, y una tendencia a la inestabilidad, por lo cual el citado Tribunal consideró que presentaba una minusvalía invalidez de grado moderado y carácter permanente, estando incluida en las Tablas A.M.A. de un 40%.

A consecuencia de la asistencia sanitaria prestada, la demandante presenta las siguientes secuelas: aflojamiento tibial protésico que requirió recambio de la prótesis total colocada en rodilla derecha con ocasión de la artoplastia realizada, acortamiento del miembro inferior derecho, un empeoramiento del genu varo derecho, un trastorno de ansiedad con episodios depresivos.

Debido a las secuelas producidas posteriormente, el 9 de septiembre de 2002 la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid reconoció a la paciente un grado de minusvalía del 65%.

Para la Sala, el reconocimiento de este grado de minusvalía pone de manifiesto la evolución de las lesiones sufridas por la paciente, rechazando así las alegaciones de la abogacía del estado y la resolución administrativa presentada previamente que desestimaba la reclamación de la paciente por haber agotado el plazo de una año para reclamar por esta vía.

En cuanto a la historia clínica de la paciente, ésta fue solicitada en reiteradas ocasiones por el instructor del expediente administrativo y posteriormente por la Audiencia, sin embargo, ésta no fue aportada, dándose traslado simplemente de la documentación médica existente en las Juntas Médico Periciales del Hospital Central de la Defensa. Por ello hubo que practicar prueba pericial médica por un traumatólogo designado por la Sala, estimando que pudo existir falta de buena praxis al no presentarse dicha historia clínica.

Del informe pericial se desprende que mientras en la segunda intervención realizada para recambiar la prótesis, se realizó la debida profilaxis antibiótica y no hubo infección, no consta en cambio que esa debida profilaxis se realizara en la primera intervención, lo que contribuyó a la infección sufrida, existiendo así una relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada con ocasión de aquella intervención quirúrgica y las secuelas que se conectan con dicha intervención.

Por todo ello, la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Defensa al pago de una indemnización de más de 21.000 euros a la paciente afectada.