El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid estima el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de los padres de un bebé que padece Síndrome de Down y una patología cardíaca, al no ser realizadas las pruebas necesarias para la detección prenatal de posibles anomalías.

La madre afectada tuvo controlado su embarazo en su ambulatorio de referencia y en el Servicio de Ginecología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, produciéndose el parto en el Hospital La Paz mediante cesárea “por RCTG fetal patológico”, precisando reanimación tipo II. En ese momento la recién nacida tuvo que ser trasladada al Servicio de Neonatología, detectando al ingreso “sospecha de Cromosomopatía – Trisomía 21”, siendo vista a los 2 días de vida por el Servicio de Cardiología Pediátrica que detectó en el ecocardiograma la existencia de un “canal aurícula-ventricular tipo A de Rastelli, con insuficiencia leve moderada de la válvula”, junto a otras patologías cardiacas, confirmándose, con fecha 29 de abril de2008, mediante informe citogenético la existencia de un “cariotipo femenino con trisomía primaria del cromosoma 21” (Síndrome de Down). Fue dada de alta del Servicio de Neonatología el 1 de mayo de 2008 con los siguientes diagnósticos: “Recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional. Trisomía 21 (Síndorme de Down); Canal aurícula-ventricular (Tipo A de Ristelli); Infección por rotavirus; Hipotiroidismo Congénito”.

En los informes médicos de la madre, consta que acudió a consulta el día 10 de octubre de 2007, con 10 + 3 semanas de gestación, facilitándose en dicho momento los documentos pertinentes para la realización de un cribado combinado de primer trimestre (ecografía + analítica específica), así como el consentimiento informado para ello, según consta en las anotaciones que realiza su médico en la historia clínica y en la lista de trabajo de ese día. Sin embargo, dicha prueba no pudo ser realizada en la fecha citada inicialmente, 19 de octubre de 2007, por la existencia de demoras en el Servicio de Ginecología, por lo que a fecha 5 de noviembre de 2007, día en que la paciente fue citada para nueva consulta, la correspondiente prueba no había sido realizada.

Para la Sala, estas demoras en el Servicio han ocasionado pérdida de oportunidad de detectar precozmente la anomalía cromosómica origen del Síndrome de Down, y por tanto, el derecho de los padres a decidir sobre la interrupción del embarazo, no considerándose así, que la asistencia prestada fuera adecuada a la lex artis ad hoc, por lo que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid deberá pagar una indemnización de 100.000 euros a los afectados.