El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, condenando a la Administración por no prescribir los medios diagnósticos necesarios para detectar un cáncer de mama.

La paciente, tras ser intervenida para la extirpación de la trompa de Falopio, acudió a su ginecólogo de zona el 9 de marzo de 2000, indicándole que notaba un nódulo perfectamente palpable en su mama izquierda. El médico solicitó la práctica de las pruebas de mamografía, citología vaginal y ecografía ginecológica, siendo practicada la mamografía, que evidenció “mamas densas sin alteraciones significativas”. El ginecólogo consideró normales este resultado y recomendó a la paciente que acudiera al siguiente año para revisión, sin informar de otras pruebas diagnósticas preceptivas. En la revisión, que se efectuó el 12 de julio de 2001, la actora refirió que notaba un bulto mayor en la misma zona, por lo que fue realizada una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) que arrojó un resultado compatible con cáncer de mama. El 8 de octubre la paciente fue sometida a una operación quirúrgica muy agresiva.

El objeto de discusión en el presente caso ha sido si el bulto que presentaba la paciente en el año 2000 era ya síntoma de cáncer. Ante las opiniones técnicas contradictorias, la Sala se ha decantado por las conclusiones del perito judicial por ofrecer mayores garantías de imparcialidad y objetividad. Así pues, puede concluirse que el bulto o nódulo que presentaba la paciente en marzo de 2000 era el inicio del cáncer ductal infiltrante que luego desarrolló, tanto por la localización como por sus características. Ante dicho síntoma el ginecólogo que atendió a la paciente no agotó los medios diagnósticos para determinar su etiología, en especial la punción o PAAF, lo que provocó una dilación en el tratamiento y un desarrollo del tumor en magnitud no determinada. Esta dilación ha producido la necesidad de que la paciente se someta a un tratamiento más duro y sea peor el pronóstico de la enfermedad.

Por esta razón, la Administración deberá indemnizar a la paciente con 18.000 euros.