El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso presentado por la asesoría jurídica de AVINESA, ante la falta de información de su diagnóstico de una mujer que había sido contagiada con el virus de la hepatitis C.

La paciente había sido intervenida en el año 2001 de un mioma gigante en el fondo del útero en el Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Hospital Alcorcón. En dicha intervención se había realizado una transfusión de dos concentrados de hematíes, pero no se había dado ningún tipo de incidencia durante el postoperatorio.

Al año siguiente, y ante la sospecha de un posible embarazo, la paciente acudió a su médico de cabecera para confirmar dicha posibilidad, lo que fue efectivamente confirmado mediante el correspondiente test.

Ante este positivo en el test de embarazo se realizó una analítica rutinaria con estudio serológico de VHB, VIH, toxoplasmosis, sífilis y rubeola, dando positivo en rubeola y detectándose un aumento de las transaminasas.

Con motivo de este aumento de transaminasas se realizó nuevo estudio serológico que dio positivo en VHC. Sin embargo, la paciente no fue informada de este diagnóstico, dado que ésta no atendía al teléfono y no volvió a la consulta de su médico de atención primaria.

La paciente realizaba las correspondientes visitas a la matrona y al servicio de ginecología y obstetricia del hospital que la había intervenido en 2002, pero en ningún momento se tuvo constancia del positivo en VHC.

En enero de 2004 tuvo lugar el parto sin ningún tipo de incidencia en el mismo, pero al acudir días más tarde a su médico de cabecera para que le dieran la baja por maternidad se le informó del contagio de VHC.

Inmediatamente se puso en marcha el dispositivo para tratar esta enfermedad, realizándose los correspondientes estudios a la hija y al marido de la paciente dando resultado negativo, y las investigaciones pertinentes para averiguar si el contagio se había producido con la transfusión que la paciente sufrió en 2002, obteniéndose igualmente resultado negativo. Tras meses de tratamiento, la afectada consiguió recuperarse de esta enfermedad.

Durante el proceso se ha confirmado la responsabilidad de la Administración Sanitaria tanto por parte del centro de atención primaria como del hospital. En cuanto a la responsabilidad de su médico de cabecera, el que la paciente no atendiera al teléfono ni volviera a la consulta no es motivo justificativo, ya que la paciente acudía a la consulta de la matrona del mismo centro, y podía haber sido informada por otros medios. En lo que al hospital se refiere, la paciente acudió con los resultados de la primera analítica, en los que se mostraba un aumento de las transaminasas, sin embargo, esto no fue estudiado por los facultativos del hospital.

La Sala ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños ocasionados a la paciente.