El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, ante el caso de una paciente a la que se le provocó una apertura vesical amplia durante una intervención de extirpación de un quiste vaginal.

La paciente fue diagnosticada por el Servicio de Ginecología del Hospital Clínico San Carlos de lesión quística en pelvis, detrás de la vejiga y anterior a útero y vagina en junio de 1999. En el año 2004, tras estudio ecográfico, la afectada manifestó su deseo de operarse por razones deportivas, programándose la intervención para el 9 de agosto de 2004, y firmando el correspondiente consentimiento. Sin embargo, durante la intervención ginecológica vía vaginal se produjo una apertura vesical amplia, teniendo que acudir al quirófano el urólogo de guardia que procedió al cierre de la vejiga en lo posible.

El 10 de agosto de 2004, la paciente fue reintervenida por el Servicio de Urología procediéndose a la reconstrucción cervico-vesical y cistorrafia posterior longitudinal con reimplantación ureterovesical bilateral, siendo dada de alta el 13 de septiembre de 2004, permaneciendo, por tanto, ingresada durante 40 días.

Para el fallo de la sentencia, la Sala ha tenido en cuenta que el consentimiento informado que firmó la paciente el 30 de junio de 2004 fue un formulario genérico en el que no se expresaban los riesgos específicos, consecuencias y posibles secuelas de la intervención, lo que sí se expresó en el formulario que firmó la paciente el 10 de agosto de 2004 para proceder a la segunda intervención que hubo de realizar a la paciente para reconstruir la parte afectada. Por esta razón, en el primer caso hubo un quebranto de la “lex artis”, lo cual produce un daño moral reparable económicamente por privación de la capacidad para decidir de la paciente.

El Convenio de Oviedo para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la medicina y la biología, de 4 de abril de 1997, establece que un derecho del paciente es conocer los riesgos y consecuencias de una intervención quirúrgica, no estableciendo diferencias entre riesgos raros o riesgos frecuentes, ni tampoco si sus consecuencias son graves o son leves, por ello, debe comprender los posibles riesgos conocidos que puedan derivar de la intervención las posibles complicaciones y las probables secuelas.

Al haberse dado esta falta de información a la paciente y teniendo en cuenta el daño moral ocasionado por la privación de su capacidad de decisión, el Tribunal ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 50.000 euros a la afectada.