El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Sevilla ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de unos padres que no fueron informados de la posibilidad de realizar otras pruebas para detectar las malformaciones de su hijo.

La paciente se encontraba embarazada desde mayo de 2002, y su embarazo fue declarado de riesgo, al contar con 39 años de edad, por lo que los facultativos sanitarios del Hospital Universitario «Reina Sofía» que atendían a la paciente decidieron la realización de una serie de pruebas para llevar un control.

Se realizó una amniocentesis el 24 de agosto de 2002, con resultado fallido, por lo que posteriormente se realizaron otros tres pinchazos, igualmente sin éxito. Ante tal fracaso, los facultativos decidieron realizar una segunda amniocentesis el 2 de septiembre de 2002, efectuando dos intentos, que resultaron también infructuosos. Los facultativos informaron a los padres que la causa de estos fracasos era la gran flexibilidad de la bolsa amniótica, ya que al introducir la aguja, la bolsa se hundía y no lograban sacar muestras del líquido amniótico.

Así, la paciente continuó su embarazo hasta el 9 de febrero de 2003, día en que dio a luz un niño, con la sorpresa de que éste nacía con Síndrome de Down y sufría una serie de complicaciones por las que tuvo que ser ingresado en la unidad de neonatos en la que permaneció 17 días.

Para la Sala, ha existido una actuación irregular de la Administración, ya que no consta que los afectados fueran informados del riesgo que asumían de tener un hijo con malformaciones, y además, en ningún momento consta acreditado que ante el fracaso de las pruebas de amniocentesis practicadas se le hubiese informado de la posibilidad de realizar otras pruebas.

Por esta razón, la Sala declara que existe responsabilidad de la Administración, matizando que dicha responsabilidad se encuentra en no haber posibilitado a los padres la opción, agotando todas las pruebas diagnósticas al objeto de constatar la existencia de malformaciones en el feto, entre la prosecución del embarazo o la interrupción, por lo que ha condenado a la Administración sanitaria al pago de una indemnización de 300.000 euros a los afectados por dicha actuación.