El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha condenado a un cirujano por no informar a una paciente de los posibles riesgos y secuelas de una intervención de extirpación de bocio multinodular, estimando así la demanda presentada por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de la paciente afectada. La paciente acudió el 14 de junio de 2000 a la Clínica Santa Elena para realizarse una operación de extirpación del bocio multinodular que presentaba. La intervención fue llevada a cabo sin ningún tipo de incidencia. Sin embargo, tras la misma, la paciente salió muda y con insuficiencia respiratoria, por lo que tuvo que permanecer ingresada durante 4 días. En el tiempo que permaneció en el hospital, el doctor que la operó la visitó en 2 ocasiones, siendo dada de alta por la enfermera, desatendiéndose completamente del postoperatorio de la paciente.

Como consecuencia de la insuficiencia respiratoria, el 11 de julio de 2000 la paciente acudió al Instituto Antoli Candela, en cuyo informe se hace constar que tiene disfonía, voz bitonal, insuficiencia respiratoria con estodor laríngeo y parálisis de ambas cuerdas vocales, iniciando un tratamiento rehabilitador, siendo tratada con antibióticos y antiinflamatorios y derivada al servicio de otorrinolaringología, y tras un tratamiento de corticoides y vitamina B, sigue sesiones de logopedia desde el 4 de septiembre de 2000 al 11 de noviembre de 2000, experimentando mejoría progresiva.

El 5 de julio de 2000 la Comunidad de Madrid le reconoció una minusvalía del 33% debido a discapacidad expresiva por parálisis de las cuerdas vocales y trastorno de afectividad por trastorno distimico.

Actualmente, la paciente presenta las siguientes secuelas:

– Descontrol neumofonatorio, con participación de la musculatura cervical que origina variaciones del ritmo de la voz.

– Falta de fuerza de la voz proyectada, por persistencia de un pequeño hiatus glótico posterior.

Además de tales secuelas presenta un cuadro depresivo reactivo y pérdida de visión del ojo derecho como consecuencia de la cortisona suministrada.

Para la Sala, las intervenciones y tratamientos empleados para la patología de la afectada fueron adecuados y correctos, sin embargo existió un defecto de información que aunque la paciente era consciente de la necesidad de la intervención y conocía en términos generales en qué consistía, no fue informada de acuerdo al artículo 10 LGS, ya que en este caso no existe el consentimiento informado, ni siquiera el simple documento impreso que suelen hacer firmar en muchos hospitales carente de todo rigor informativo, generalmente un modelo para toda clase de intervenciones, sin especificación concreta de los riesgos y alternativas de la intervención que se iba a practicar, que ni reúne ni se aproxima a los presupuestos y requisitos necesarios para considerarlo como información correcta.

Por todo ello, el Juzgado ha condenado al facultativo que intervino a la paciente al pago de una indemnización de 9.000 euros.