El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA en nombre de los padres de un bebé que falleció a causa de una anomalía cardiaca.

Durante el embarazo de la madre del fallecido se realizaron un total de 10 ecografías en las que únicamente se detectó una pequeña dilatación de la pelvis renal del feto, que desapareció posteriormente.

El 11 de febrero de 2003 se produjo el nacimiento del pequeño en el Hospital de la Candelaria de Tenerife, observándose a las 20 horas de vida un regular estado general del niño, presentando color pajizo y dificultad respiratoria. Así, le fue realizada exploración en la que se detectó que tenía un soplo de grado 2 en una escala de 6.

El niño fue ingresado en la UCI neonatal con sospecha de sepsis (infección en la sangre) y en ese momento se le realizaron analíticas, punción lumbar para extracción de líquido encefaloraquídeo y cultivos de sangre, iniciándose de forma inmediata tratamiento con antibióticos. Las analíticas mostraron una fórmula leucocitaria dudosamente infecciosa y el resto de indicadores de infección fueron negativos.

Todos los días desde el nacimiento se detectó en el niño un soplo sistólico excepto el 14 de diciembre de 2003 y en días siguientes se solicitó consulta con cardiología. El día 17 de diciembre de 2003 se hizo constar en la evolución clínica soplo franco II/VI con características de organicidad. Finalmente, el niño fue examinado por cardiólogo realizándose un electrocardiograma que dio como resultado el diagnóstico de síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas, atresia mitro-aórtica con ventrículo izquierdo hipoplásico, aorta ascendente de 2 mm y ductus permeable.

Se informó a los padres de que el diagnóstico era prácticamente mortal en estos casos y se decidió el alta.

Por último, los padres del menor trasladaron a éste por sus propios medios al Hospital La Paz de Madrid, donde ingresó el 30 de diciembre de 2003 siendo intervenido quirúrgicamente el 2 de enero, precisando ser reintervenido en dos ocasiones por evolución postquirúrgica desfavorable, y falleciendo finalmente el 26 de enero de 2004.

Para resolver el recurso presentado, la Sala se ha basado en el informe pericial presentado por la parte actora, del cual se desprende que el síndrome sufrido por el paciente era detectable mediante las técnicas de ecografía actuales, y que los niños que lo sufren, al nacer parecen normales, pero presentan signos de insuficiencia cardiaca en los primeros días de vida.

Por otro lado, la información dada a los padres fue la de que se trataba de una enfermedad prácticamente mortal, cuando lo cierto es que pese a ser poco frecuente, existe actualmente posibilidad de tratamiento quirúrgico aunque la expectativa de vida sea de 15 años en uno de cada cuatro. Según el informe pericial aportado por la parte actora, la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes son razonables y no está justificado el tratamiento compasional sin aplicación de medidas terapéuticas. Por esta razón, la Sala ha determinado que son los facultativos los que debieron informar a los padres de la necesidad de trasladar al niño a un centro de referencia, que sería el Materno Infantil de las Palmas, si se comprueba que su personal está preparado para realizar este tipo de intervención, o cualquier otro hospital de la península como el Hospital La Paz, que es de referencia a nivel nacional. Finalmente, los padres trasladaron al niño a Madrid sin tratamiento ni vigilancia médica cuando las posibilidades de supervivencia de éste dependían en parte del mantenimiento de su corazón en las mejores condiciones posibles.

Por todo ello, la Sala ha considerado que sí ha existido un funcionamiento del servicio público demandado que ha dado lugar a un daño a los recurrentes que no tienen obligación jurídica de soportar, y ha condenado a la Administración a una indemnización de 96.869,86 euros a los padres del bebé fallecido.