El Tribunal Superior de Justicia ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de una paciente que fue víctima de un retraso en el diagnóstico de una apendicitis que remitió en peritonitis junto a otras patologías, por no remitirla al especialista que precisaba tras hacerla un diagnóstico inicial de rotura de quiste folicular y prescribiéndola analgésicos junto control por su Médico de Atención Primaria.

La paciente, que en el momento de los hechos contaba con diecisiete años de edad, acudió sobre las 18 horas del día 30 de junio de 2001 al Servicio de Urgencias del Hospital La Paz, donde fue atendida en un primer momento por un Médico Interno Residente. La afectada presentaba dolor hipogástrico de 15 horas de evolución, acompañado de sensación de mareos, tenesmo vesical (ganas de orinar sin conseguirlo) y náuseas sin vómito asociado. Se encontraba afebril, con tensión arterial de 120/80, auscultación cardiaca normal, rítmica, sin soplos y a 75 latidos por minuto.

Se realizó una primera exploración abdominal que puso de manifiesto un abdomen blando y depresible, sin defensa abdominal, y sin que se observasen a la palpación masas o megalias, con Blumberg dudoso, y dolor en fosa iliaca derecha e hipogástrica a la palpación.

En la analítica aparecieron unos resultados de leucocitosis de 13700 glóbulos blancos con neutrofilia de 74,2%, y en la radiografía de abdomen se mostraban abundantes gases y heces retenidas.

Sobre las 21 horas del mismo día, la paciente fue vista por el Servicio de Cirugía General que informó de un abdomen normal a la palpación, salvo en fase ovárica derecha a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, recomendando observación domiciliaria y si empeoraba, volver a urgencias.

Así, la paciente fue diagnosticada de dolor abdominal inespecífico, estreñimiento, meteorismo y rotura de quiste folicular, siendo pautada Aerored Primperán 1/8h, Buscapina 1/8h, y Efferalgan 1/8h en caso de dolor, descartándose patología urgente, recomendándose control por su Médico de Atención Primaria y en caso de empeoramiento, volver a urgencias de ginecología para valoración y tratamiento.

Sobre las 19 horas del día 1 de julio de 2001, la afectada regresó al Servicio de Urgencias del Hospital La Paz con cambios de localización del dolor, vómitos y fiebre. La exploración abdominal presentaba un abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda en región periumbilical. El médico de urgencias puso Buscapina Compositum, manteniendo el tratamiento pautado el día anterior y, descartada la patología quirúrgica, se pronuncia por una probable gastroenteritis aguda en fase inicial.

Sobre las 17 horas del día 2 de julio de 2001, la paciente acude nuevamente al Servicio de Urgencias, siendo ingresada en el Servicio de Ginecología. Se practica estudio preoperatorio el 3 de julio y es intervenida al día siguiente con sospecha de quiste ovárico torsionado subsidiario de laparotomía exploratoria.

Los ginecólogos inician la laparotomía, pero se encuentran una peritonitis generalizada por apéndice cecal gangrenado y perforado, por lo que se avisa al Servicio de Cirugía General, que finalmente realiza la intervención, practicando apendicectomía reglada, limpieza y lavado de la cavidad abdominal y drenaje.

Tras la intervención, la paciente permanece en reanimación hasta el 6 de julio, fecha en que es trasladada a la UCI del Hospital General, donde permanece hasta el 20 de julio, día en que pasa a planta, habiendo presentado sepsis generalizada por peritonitis secundaria a apendicitis gangrenada y perforada, con una evolución postoperatoria complicada con insuficiencia respiratoria aguda por síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) con derrame pleural bilateral y empiema del lado izquierdo que requirió drenaje torácico; atelectasia por compresión del derrame pleural y neumonía del lóbulo inferior del pulmón derecho; fracaso renal agudo resuelto; supuración de la herida quirúrgica por hematoma infectado; anemia; distensión de asas intestinales con edema de la pared de las mismas.

La paciente fue dada de alta el 6 de agosto de 2001, habiéndosele practicado diversas revisiones, siendo la evolución favorable y quedando, como consecuencia de la laparotomía, una cicatriz queloide, así como una señal radiológica en el interior del pulmón por el drenaje.

Teniendo en cuenta las circunstancias y habiendo valorado las distintas pruebas aportadas, la Sala ha concluído que se produjo un error diagnóstico, ya que en la primera exploración aparecían una serie de datos que podían orientar adecuadamente el proceso. Así, tanto del informe de la perito judicial como de la Inspección Médica, se concluye también que ante la sospecha de enfermedad en el ovario derecho asociada a leucocitosis con neutrofilia se debería de haber prescrito consulta obligatoria con los ginecólogos para descartar un quiste de ovario torsionado, un quiste de ovario roto con derrame hemático o confirmar sencillamente que el útero y los anejos eran normales, descartando así causa ginecológica.

Asimismo, en el informe de la perito judicial se señala que el proceso tomó un curso erróneo debido al tratamiento excesivo que se prescribió en un primer momento, que enmascaró los síntomas impidiendo llevar un correcto seguimiento de la evolución de la paciente por el resto de facultativos que la atendieron, así como también se debió a la falta de consulta con el Servicio de Ginecología, lo cual retrasó el diagnóstico de apendicitis aguda empeorando su estado hasta el resultado de peritonitis junto a otras patologías infecciosas que llevaron a la paciente a permanecer un mes ingresada en el hospital, incluyendo estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por dichos retrasos, la paciente tuvo que sufrir un daño mayor del que se hubiera visto obligada a padecer si desde un primer momento hubiera sido atendida conforme a la lex artis, bien permaneciendo en observación ante la indeterminación del dolor que sufría, bien mediante la realización de pruebas complementarias, incluyendo la exploración ginecológica o la suspensión del tratamiento pautado erróneamente.

Por todo ello, el Tribunal ha condenado a la Administración Sanitaria al pago de una indemnización de 12.020,24 euros a la paciente.