La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado la indemnización reconocida por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, al entender acreditados los argumentos del abogado de AVINESA,  D. Rafael Martin Bueno, quien defendió que tanto el embarazo como la atención en urgencias del Hospital San José no fueron acordes a la lex artix, toda vez no detectaron el crecimiento intrauterino retardado que presentaba el feto (lo que supone un riesgo de hipoxia) ni descartaron la sospecha de pérdida de bienestar fetal reflejada en el registro cardiotocográfico que le realizaron (al entender que dicho registro no tenía valor en una gestante de 36+4), lo que supuso que la niña presentara una falta de oxígeno con secuelas neurológicas irreversibles (tetraparesia y retraso madurativo, con una discapacidad del 75%)

Los hechos objeto de la acción judicial fueron los siguientes:

I. Durante el embarazo a la gestante le realizaron 3 ecografías, donde se informaba que el feto presentaba un bajo peso para su edad gestacional. A pesar de conocerse que esta circunstancia conlleva “mayores tasas de mortalidad, asfixia al nacimiento, hipotermia, hipoglucemia, aspiración de meconio y secuelas neurológicas” el ginecólogo que le atendió no tuvo la prudencia de extremar la precaución y realizar un seguimiento más adecuado.

II. Cuando la gestante se encontraba de 36 semanas y 4 días, consultó en los Servicios de Urgencias Toco-ginecológicas del Hospital San José por “molestias abdominales”. La monitorización fetal evidenciaba desaceleraciones, a pesar de lo cual el ginecólogo dio de alta a la gestante al entender que no eran valorables en un “feto pretérmino”.

III. A las 4 de la madrugada del día siguiente, la paciente tuvo que acudir a los Servicios de Urgencias por parto en curso, en periodo expulsivo y con una grave pérdida de bienestar fetal

IV. La niña nació en malas condiciones (“hipoactivo, poco reactivo, hemodinamia lábil. Conectado a respirador, mala perfusión periférica”) consecuencia de la hipoxia (pH 7,11 y EB -20)

 

A los 7 meses de su nacimiento le fue reconocido un grado total de minusvalía del 51% por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, incrementándose hasta un 75% a los 3 años de edad, reflejando que presenta dificultad para la movilidad así como discapacidad física y psíquica. Además, le han concedido el GRADO III, nivel 2 de dependencia con una puntuación de 89,51 puntos.

 

Tras presentar la correspondiente acción judicial, la Audiencia Provincial elevó la indemnización concedida en Primera Instancia, condenando a Antares, Entidad de Salud a la que pertenecían el ginecólogo que atendió el embarazo y la Clínica San José donde acudieron a urgencias, a una cuantía global de más de 1.300.000 euros (incluyendo, principal, intereses y costas)