El Alto Tribunal ha estimado así el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA  en nombre de la paciente que había sido sometida  a una intervención de extirpación de las muelas del juicio a lo largo del año 1999.

A los quince días de ser sometida a la extirpación de las muelas del juicio mediante punzón en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la paciente comenzó a sentir dolor y crujidos en la mandíbula que persistieron todo el año 2000, siéndole colocada en octubre de 2001 una férula de descarga blanda, que fue sustituida en diciembre del mismo año por una férula de descarga dura.

A pesar de este tratamiento, los dolores y chasquidos persistían, por lo que en marzo de 2002 le fue realizado un lavado de mandíbula, sin que se firmase ninguna autorización.
Meses después, la paciente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente realizándosele una artroplastia de la articulación temporomandibular (ATM) izquierda (meniscopesia), que significa una corrección anatómica de un disco desplazado hacia delante, que implica la resección y/o plegamiento de los tejidos retrodiscales para permitir al disco reposicionarse posteriormente.

A pesar de esta intervención, la paciente continuaba con dolores musculares, por lo que el 31 de octubre de 2002, se le realizó nueva artroplastia de la ATM derecha.
Tras estas intervenciones, fue pautada rehabilitación especializada, sin embargo, no la recibió por no pertenecer al Área Sanitaria del Hospital.
Actualmente, la paciente continúa con molestias en ambas articulaciones temporomandibulares y dolor en ambas regiones maseteras, recibiendo tratamiento psicológico por la depresión sufrida que causó la pérdida de su trabajo y pareja sentimental, todo ello derivado de la extracción de las muelas del juicio por la técnica de apertura oral, forzada y prolongada que le ha provocado disfunción temporomandibular.

El caso fue recurrido previamente ante el Tribunal Superior de Justicia, que consideró que a pesar de la “existencia de una deficiencia de tratamiento rehabilitador por deficiencias materiales del Sistema Público de Salud en el Tratamiento Odontológico Rehabilitador, al no evidenciarse una mala praxis médica y haber sido informada de todas las posibles consecuencias indeseables de este tipo de cirugía, el eventual daño no sería antijurídico”.
No considerándolo de esta manera el Tribunal Supremo, que en su sentencia ha considerado que “independientemente de que la rehabilitación pretendida no se encuentre comprendida en la cartera de servicios del INSALUD, no se le debió denegar a la paciente el tratamiento rehabilitador necesario derivado de la asistencia sanitaria realizada a fin de poder recuperarse satisfactoriamente de las intervenciones quirúrgicas y evitar de ese modo los sufrimientos y dolores físicos y psíquicos que padeció posteriormente durante unos años por la extracción de las muelas del juicio”.

Por ello, el Tribunal ha señalado que se produjo un daño antijurídico que la paciente no tenía el deber jurídico de soportar, existiendo, consiguientemente, un nexo causal entre la actuación de la Administración y el daño producido, por la falta de tratamiento rehabilitador.
Finalmente, ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 50.000 euros a la paciente por los perjuicios que sufrió por la falta del tratamiento rehabilitador necesario.