El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja por el fallecimiento de un paciente en el Hospital San Pedro, a consecuencia de la deficiente organización y falta de acción de los facultativos que atendieron al fallecido.

El día 10 de julio de 2010, el fallecido acudió al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, donde fue diagnosticado de Síndrome Coronario Agudo, por lo que fue ingresado en el Servicio de Medicina Intensiva (en adelante, UMI). Al día siguiente, el paciente fue dado de alta en el UMI al mostrarse estable, tras lo cual le derivaron a la planta de Cardiología. Durante su estancia en dicha planta, al paciente le fueron practicadas diversas pruebas encaminadas a una cirugía valvular, que determinaron que fuera dado de alta el día 27 de julio de 2010. EL paciente quedó en estado pendiente de cirugía cardíaca, la cual, fue considerada de carácter urgente y preferente.

El día 1 de agosto de 2010, el paciente acudió de nuevo al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, ya que sentía una sensación opresiva, tras lo que se acordó su ingreso en el Servicio de Cardiología. Durante su ingreso en dicha unidad, sufrió un agravamiento súbito, por lo que se acordó su traslado urgente al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.

Tras cuatro días de ingreso críticos en el Servicio de Cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla, el paciente presentó un empeoramiento que obligó a la realización de una intervención quirúrgica de forma urgente. A pesar de que la cirugía se llevó a cabo sin incidencias, el paciente comenzó a mostrar un deterioro severo que no respondía a los tratamientos administrados. Finalmente, el paciente sufrió un fallo multi-orgánico y falleció el día 15 de Agosto de 2010.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal, considerando que, a pesar de que los médicos del Hospital San Pedro de La Rioja insistieron en que la cirugía era de carácter urgente/preferente, esta se demoró de forma injustificada 15 días. Estima el Tribunal, que este retraso injustificado en la operación cardíaca supone una violación de la lex artis, por cuanto la fuerza de los hechos determinaba que la cirugía de carácter urgente habría de haber sido realizada dentro de las 72 horas siguientes.

Concluye el Tribunal, que la no realización de la operación supone una pérdida de oportunidad, es decir, la privación al paciente de posibilidades, expectativas u oportunidades.