El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, por el fallecimiento de un bebé a causa de una intervención que no requería de carácter urgente.

El pequeño nació a las 28 semanas de gestación con un peso de 600 gramos en el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), acordándose su ingreso en la UCI neonatal.

Tras meses de ingreso en el hospital, el bebé es trasladado el 1 de diciembre de 2005 a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos por presentar dificultad respiratoria y fiebre. El 12 de diciembre se le traslada al Servicio de Neonatos del Hospital 12 de Octubre de Madrid y el día 14 de diciembre se le realiza una broncoscopia en quirófano con intubación. Dado que el menor estaba intubado, el 18 de diciembre se decidió intervenir las hernias inguinales que tenía desde su nacimiento. Horas después, el pequeño sufre una bajada brusca de oxígeno en la sangre (desaturación).

En los días posteriores, el estado de salud del bebé empeoró, falleciendo finalmente el día 20 de diciembre de 2005.

A esta situación, hay que añadir que los padres no fueron informados de que se fuera a llevar a cabo la intervención de las hernias inguinales que el pequeño había sufrido desde su nacimiento, declarando el Tribunal que el hecho de que entre los médicos y los padres existiera cierta relación, dado que el bebé llevaba varios meses ingresado, no era obstáculo para que fueran informados.

La Sala declara que la asistencia médica aplicada al pequeño fue contraria a la Lex Artis, en base al informe pericial que declara que hubo una incorrecta decisión médica de acordar la intervención quirúrgica del bebé dado que no existía una situación de urgente gravedad por el estado en que se encontraban las hernias inguinales y, sin embargo, sí existían graves problemas cardiacos y respiratorios en el menor ya que sufría una hipertensión pulmonar severa que desaconsejaba en ese momento la practica de la operación quirúrgica.

La Consejería de Sanidad ha sido condenada al pago de 97.000 euros de indemnización a los padres del bebé.