El hospital público de La Princesa ha sido condenado a indemnizar con 1.431.372 euros a un joven por la negligente atención médica que recibió tras una intervención quirúrgica que le causó daño cerebral irreversible. No se exploró el estado del paciente tras su operación y fueron sus familiares quienes alertaron de que sangraba mucho. No pudieron intubarlo inmediatamente. Cuando le realizaron la traqueotomía, ya se encontraba inconsciente y con ritmo cardíaco lento.

El caso ha sido llevado por D. Rafael Martín Bueno, abogado de AVINESA.

El joven, que tenía 24 años en el momento de los hechos, sufría una lesión congénita. En 2006, siendo menor de edad, ya fue operado por el servicio de cirugía maxilofacial del hospital de La Princesa. En aquel momento, su padre firmó un consentimiento informado en el que se explicaban las posibles complicaciones que se podrían derivar, como hematomas, problemas respiratorios y hemorragia. La intervención en aquella ocasión fue un éxito.

Seis años más tarde, en 2012, el joven se sometió a una segunda operación, pero en esta ocasión no firmó el consentimiento informado de las posibles complicaciones de la cirugía. Tras salir del quirófano, a las 11.45 horas, no consta que en la sala de reanimación se explorara la herida quirúrgica ni su estado de salud, como tampoco se hizo a su llegada a planta. Fueron sus tías quienes (una vez ya en planta, a las 14.45 horas) alertaron de que sangraba abundantemente. Se comprobó que mostraba un importante hematoma en el suelo de la boca.

En ese momento, se decidió su traslado al quirófano, pero no estaba disponible, así que lo trasladaron a la sala de reanimación donde intentaron intubarlo. No lo lograron porque sangraba mucho y el paciente mostraba una dificultad física añadida para el intubado, como figuraba en su información clínica. Finalmente, tres horas y media después de su intervención, a las 15.10 horas, lo sometieron a una traqueotomía de urgencia cuando ya estaba inconsciente y presentando bradicardia (ritmo cardíaco lento).

La suma del deficiente examen postoperatorio y de la indebida actuación una vez detectados sus problemas para respirar, le causaron un daño cerebral irreversible por el que obtuvo una discapacidad del 100%. Desde entonces precisa de la ayuda de una tercera persona para sus actividades diarias. El paciente pasó después por el hospital de Albacete y por la Unidad de Daño Cerebral de Guadalajara, donde recibió el alta domiciliaria en agosto de 2013, un año y tres meses después de la a intervención en Madrid.

 

Actividades básicas

El paciente sufre desde entonces disartria, disfagia, tetraparesia, alteraciones de la marcha, alteración visual, alteraciones de las actividades básicas de la vida diaria y de las actividades instrumentales y espasticidad.

Su abogado, Rafael Martín, de la Asociación Víctimas de Negligencias Sanitarias (AVINESA), explica que la indemnización solicitada es por varias causas: sus secuelas (311.641 euros), el daño estético sufrido (70.290 euros), la incapacidad temporal (25.964), daños morales complementarios (92.882), el perjuicio económico (17.865), la incapacidad permanente absoluta (185.764), la necesidad de ayuda de una tercera persona (352.952), la adecuación de su vivienda(92.882) y los daños a sus familiares más cercanos (139.323). Martín ha pedido que se revise al alta la indemnización. Además, hay que añadir 281.035 euros por los intereses de mora desde la intervención quirúrgica y 80.000 de costas. Zúrich, la aseguradora del Instituto Madrileño de Salud, se hará cargo del pago.