El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de los padres de un joven de 19 años que actualmente padece una minusvalía del 92 % a causa de lesiones cerebrales sufridas en el momento del parto. El 10 de octubre de 1985 la madre del afectado ingresó en el Hospital Punta de Europa de Algeciras para dar a luz. Sin embargo, y a pesar de tratarse de un embarazo de alto riesgo debido a lo prolongado de la gestación (331 días, cuando lo normal es una gestación entre 280 y 290 días), no se le hicieron las pruebas habituales en aquélla época de bienestar fetal: no se la monitorizó, ni se le hizo amnioscopia, ni se analizó el ph. El control del estado del feto se limitó a método clínico, mediante auscultación de los latidos fetales. Según informe del Jefe del Servicio de Tocoginecología, en aquélla época, de las dos máquinas de monitorización electrónica con que contaba el hospital, una estaba ocupada y la otra no sabe si no estaba en activo o estaba averiada.

Horas después de su ingreso, los facultativos le rompieron la bolsa detectando líquido amniótico teñido de meconio, pasando a paritorio, donde se terminó el parto mediante ventosas obstetricias. El test de apgar fue de 7 para el servicio de tocoginecología y de 5 para el de pediatría, y a los cinco minutos, de 10 para tocoginecología y de 8-9 para pediatría. Fue diagnosticado de sufrimiento fetal en el momento del parto y tras exploración pediátrica, parálisis facial y braquial derecha debidas a las maniobras de extracción del feto, es decir, sin referencia a lesiones del sistema nervioso central. A los 19 días de nacer reingresa por una infección de ombligo. La exploración neurológica es normal salvo la parálisis braquial referida y se le indica que debe acudir a rehabilitación para tratar la parálisis facial y braquial. Es a los ocho meses, en un ingreso por “retraso psicomotor”, en julio de 1986, cuando se le diagnostica “parálisis cerebral espástica-disquinética secundaria a anoxia fetonatal”. En la exploración neurológica se refiere: “paresia facial izquierda, estrabismo convergente derecho”.

En abril de 1987 se le reconoce una minusvalía del 75% con diagnóstico de “parálisis cerebral disquinética con PBO derecha.

Según informe de neuropediatría de 30 de septiembre de 1999, a los 4 años inicia crisis parciales complejas con hemigeneralización izquierda, permaneciendo asintomático desde los seis años; cuando tenía 9 años, se le detecta una elevación importante de encimas musculares, que sin tratamiento, se fue normalizando, y añade el informe que “el cuadro motor ha evolucionado de forma lenta hacia una paresia cerebral de tipo distónico de predominio derecho.”

En el reconocimiento para la revisión del grado de minusvalía en septiembre del año 2000, se le reconoce una minusvalía del 86% con un diagnóstico de:

– Tetraparesia por parálisis cerebral. Síndrome disquinético de etiología sufrimiento fetal perinatal.

– Disminución de eficiencia visual por trastorno de motilidad ocular de etiología sufrimiento fetal perinatal.

– Retraso madurativo por parálisis cerebral. Síndrome disquinético de etiología sufrimiento fetal perinatal.

En octubre de 2004 fue revisado su grado de minusvalía elevándose a 92% con el diagnóstico citado de tetraparesia, al que se le añade el de retraso mental ligero por parálisis cerebral, síndrome disquinético de etiología sufrimiento fetal perinatal.

En la reclamación administrativa presentada por los padres previamente a iniciar acciones judiciales, fue rechazada la declaración de responsabilidad del hospital por considerar prescrito su derecho a reclamar por haber transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, según la Jueza, en este caso hay que tener en cuenta la regla especial que se incluye en el citado artículo, que indica que “para el caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas”, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Para la Sala, en el presente caso, desde el primer momento no ha habido una estabilización de las secuelas que permita fijar el “diez a quo” en el momento del parto, sino que ha habido una alteración sustancial de éstas. Por todo ello, la Sala no ha compartido la tesis de la prescripción, al no haber tenido lugar en el caso de autos la estabilización de las secuelas a que se refiere el artículo 142.5 de la Ley 30/92 para abrir el plazo prescriptivo antes del año 2000.

Por otro lado, en cuanto a la atención sanitaria prestada durante el parto, la Sala ha estimado la existencia de responsabilidad, puesto que se ha demostrado falta de medios materiales y pruebas habituales que hubieran detectado el sufrimiento fetal y provocado la inmediata intervención, es causa directa de la anoxia fetal que finalmente aconteció.

Por todo ello, la Administración sanitaria ha sido condenada al pago de una indemnización de 616.287,44 euros, dividida en los siguientes conceptos:

– 212.998,58 euros por la tetraparesia sufrida por el afectado.

– 293.300,99 euros por necesidad de ayuda de tercera persona para la realización de las actividades cotidianas.

– 109.987,87 euros por perjuicios morales ocasionados a los familiares.

Siendo esta última de libre disposición, puesto que las otras cantidades deberán disponerse con control judicial y fiscal.