La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de una paciente que fue intervenida en diversas ocasiones para eliminar el dolor que padecía en un hombro, sin conseguir ningún resultado y dejarla con graves perjuicios físicos. Tras una caída parcial, la paciente acudió en 1993 al servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón por sufrir un dolor intenso en el hombro, diagnosticándose tendinitis, y siendo remitida a su traumatólogo de zona.

Sin más incidencias tras este hecho, al año siguiente tuvo que acudir al Servicio de Cirugía Ortopédica del Hospital Gregorio Marañón, remitida por el Servicio de Ginecología, por persistencia del dolor, siéndole diagnosticada una posible periartritis escapulohumeral que se confirmó con fecha 11 de julio de 1994.

Para solucionar esta patología se prescribieron y realizaron infiltraciones de corticoides ese mismo mes y en octubre de 1994. Posteriormente, se realizaron otras pruebas, como resonancia magnética y ecografía, pero no se consiguió ni eliminación ni reducción del dolor.

Por ello, la paciente fue intervenida en enero de 1995, realizándose una acromioplastia parcial, que tuvo que ser retocada mediante nueva intervención quirúrgica en diciembre de 1995.

Tras esta última intervención, la paciente advirtió cierta mejoría, pero tras realizar rehabilitación no obtuvo resultados favorables.

En diciembre de 1996 tuvo que ser remitida a la unidad de dolor, sin obtener tampoco resultados.

Por ello, fue explorada en el Hospital La Paz, donde se comprobó que la paciente sufría rotura en el manguito de los rotadores, volviendo a ser intervenida el 6 de marzo de 1997.

Sin embargo, tuvo que ser intervenida nuevamente en varias ocasiones por la persistencia del dolor, y la limitación funcional que comenzaba a sufrir, no consiguiendo resultados favorables. Actualmente la paciente sufre dolor intenso crónico al intento de movilidad del hombro derecho con incapacidad total para la movilización activa y pasiva y con fracaso de todos los tratamientos.

En el estudio realizado por el perito médico se comprobó que la asistencia dada a la paciente fue incorrecta, ya que ante la falta de mejoría identificada tras la primera intervención se debieron realizar resonancia o ecografía en los primeros meses, y no esperar más de un año, tal y como ocurrió. Asimismo, las infiltración de corticoides realizadas de modo reiterado estaban contraindicadas para este caso, pues crean complicaciones en el mecanismo de cicatrización de los tendones y facilitan cierto reblandecimiento y degeneraciones tisulares.

Igualmente, la acromioplastia parcial realizada en enero de 1995 fue incompleta, lo que quedó demostrado al tener que ser retocada mediante nueva intervención once meses después; además, cuando se realizó ya era tarde para obtener resultados favorables.

En cuanto a la intervención realizada en marzo de 1997, el perito la consideró excesivamente tardía para conseguir resultados óptimos, pues se tenía que haber realizado en el momento en que se intervino en 1995.

Por último, en una intervención realizada en 1998, el perito ha considerado que se malogró debido a las maniobras intempestivas de los servicios de rehabilitación.

Con motivo de todas estas circunstancias, la Sala ha llegado a la conclusión de que la actuación médica en este caso no fue conforme a la lex artis, ya que se produjeron con retraso respecto a lo que habría sido aconsejable, siendo el resultado final muy deficiente para la salud de la paciente.

Por ello, la Audiencia ha condenado a la Administración sanitaria al pago de una indemnización de 69.747,45 a la afectada por los daños morales ocasionados durante todo el proceso y los graves perjuicios que aqueja actualmente.