La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de un paciente que tras sufrir una pérdida de conocimiento en 1991 y realizadas una serie de pruebas que mostraban irregularidades, no fue diagnosticado del tumor que padecía hasta siete años después. El 16 de abril de 1991 el paciente tuvo que ser atendido en el Hospital 12 de octubre por sufrir pérdida de conocimiento, donde le fue realizado un electroencefalograma y un TAC, detectando irregularidades, por lo que se realizaron pruebas complementarias en los meses posteriores que desprendieron resultados irregulares sin obtener un diagnóstico concreto. Estas visitas del paciente al Servicio de Neurología se efectuaron hasta el 15 de octubre de 1991, última fecha de atención que consta en la historia clínica y estando el paciente asintomático.

Transcurridos siete años de estos hechos, concretamente el 27 de abril de 1998 el paciente sufre un nuevo episodio de pérdida de conocimiento, por lo que acude de nuevo al Servicio de Urgencia donde se le realiza un TAC en el que se le detecta un masa frontal derecha de unos 3 cm. de diámetro, siendo intervenido quirúrgicamente el 21 de septiembre de 1998, momento en el que se detecta que el paciente sufre un Astrocitoma de grado II.

Ha sido motivo de discusión en el proceso el que en la historia clínica constara que el paciente había sufrido un accidente de tráfico 48 horas antes del episodio de pérdida de conocimiento que sufrió en 1991, ya que el paciente señaló que no había sufrido dicho accidente sino que lo había presenciado, y los facultativos han expresado que el que en la historia se señalara que había sido víctima de tal hecho podía haber provocado el retraso en el diagnóstico.

Sin embargo, la Sala ha determinado que este hecho “no debió ser óbice a haberse practicado TAC en las revisiones que se hicieron, que posiblemente hubieran ya ofrecido algún elemento para apreciar el tumor o la exigencia de revisiones debidamente programadas, de modo que el tratamiento pudo comenzar antes.”

No consta en la historia clínica que el paciente fuera citado de nuevo, así como tampoco consta que el paciente solicitara nuevas revisiones, por lo que este hecho ha provocado que el Tribunal considere que las consecuencias del retraso “no sean achacables únicamente a la Administración”, lo que ha provocado una rebaja en la indemnización destinada al paciente.

Aún así, la Administración sanitaria ha sido condenada por los daños que su conducta ha provocado en el paciente puesto que el retraso en el diagnóstico ha ocasionado pérdida de oportunidad en el tratamiento, pudiendo haber evitado con un tratamiento precoz los daños cerebrales que sufre actualmente, teniendo una incapacidad declarada del 65%.

Por ello, la Administración tendrá que resarcir al paciente en la cantidad de 150.000 euros.