El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Guadalajara ha estimado la demanda presentada por la Asesoría Jurídica de AVINESA, en nombre de una paciente que se sometió a intervención de extirpación del útero, y le fue causada una fístula vesico vaginal.

La paciente, que había sido tratada durante veinte años por el ginecólogo que la intervino, asistiendo incluso el parto de uno de sus hijos, acudió a la consulta del mismo en la Clínica Sanz Vázquez en julio de 1999 por sufrir hemorragias vaginales prolongadas y dolor abdominal, siendo diagnosticada de metrorragia y polimenorrea originada por útero de tamaño aumentado por miomas, para lo que se prescribió tratamiento farmacológico y, para el caso de que dicho tratamiento no fuese efectivo sería necesaria la práctica de una intervención quirúrgica consistente en la extirpación del útero.

La afectada siguió el tratamiento farmacológico prescrito, sin embargo, no dio resultado por lo que el facultativo la informó de que era necesario efectuar una histerectomía (la extirpación del útero), siendo programada dicha intervención para el 28 de octubre del 2000. En el momento de comunicar la necesidad de practicar esta intervención, el médico manifiesta que es una operación sencilla y sin complicaciones.

El 27 de octubre del 2000, la paciente firmó el consentimiento para realizar una transfusión durante la intervención si fuese necesario, sin embargo, no ha quedado constancia de que se informase a la paciente ni por escrito ni verbalmente, de las consecuencias y posibles riesgos de practicar una histerectomía.

El 28 de octubre de 2000 se efectuó la histerectomía, con extirpación del útero y del ovario izquierdo de la paciente. Dicha operación duró cuatro horas aproximadamente y fue realizada mediante la técnica de histerectomía extrafascial, siendo ésta la técnica más frecuente.

Durante el postoperatorio, concretamente el 1 de noviembre de 2000, la paciente detecta incontinencia urinaria, y tras las pruebas pertinentes se detecta fístula vesico vaginal, por lo que coloca una sonda permanente, sin embargo, ésta tiene que ser cambiada en varias ocasiones por intolerancia de la paciente.

Finalmente, es dada de alta el 30 de noviembre de 2000, con el mantenimiento de la sonda por un periodo de tres meses, concretamente, hasta el 29 de enero, fecha en que es intervenida quirúrgicamente para reparar la fístula vesical, y recibiendo el alta el 8 de febrero de 2000.
A pesar de esta última intervención, la paciente continúa sufriendo incontinencia urinaria, por lo que acude a otro centro médico, dónde se le diagnostica recidiva de la fístula vesicovaginal, teniendo que ser intervenida nuevamente el 21 de mayo del 2002.

Como consecuencia, de la instauración de la sonda, la paciente sufrió un rechazo psicológico a la misma, por lo que tuvo que ser tratada por un especialista en psicología que la diagnosticó trastorno mixto ansioso depresivo por la enfermedad, requiriendo al menos 24 sesiones de psicoterapia. La paciente sufrió crisis de autoestima, neurosis fóbica a las posibles pruebas que le realicen y depresión, no quedando acreditado que la paciente sufriese trastornos de conducta o depresiones anteriores.

La Sala ha considerado, una vez estudiados los distintos informes médicos aportados al proceso, que los procedimientos médicos utilizados para tratar la patología que sufría la paciente eran adecuados, sin embargo, considera también que la falta de un documento de consentimiento informado firmado por la paciente hace apreciar que éste no existiera, así como la relación de confianza que existía entre la paciente y el facultativo, por tanto quedando suficientemente acreditado que la paciente no fue informada de las consecuencias y riesgos que conllevaba la intervención que le iba a ser realizada.
Asimismo, se ha considerado que acredita la ausencia de consentimiento el hecho de que la operación en todo momento se destinase a la extirpación del útero, y sin embargo, en la mesa de operaciones se le extrajo también un ovario, sin que exista tampoco consentimiento informado de esta intervención.

Todo ello hace que el consentimiento de la paciente estuviera viciado, pues no fue un consentimiento libre, consciente y completo, dado que “es el paciente quien, en supuestos de operaciones programadas, tiene derecho a decidir sin continuar con la dolencia que se pretende curar o asumir un riesgo potencial, quizás más grave que la dolencia en sí, todo ello, claro está, salvo los casos de riesgo vital o daño inmediato”, infringiendo así el médico demandado una de las obligaciones propias de la lex artis médica, provocando que la paciente perdiera la oportunidad de elegir libremente al desconocer los riesgos de la operación.

Por todo ello, el Juzgado ha condenado al facultativo que intervino a la paciente al pago de una indemnización de 30.000 euros por los daños ocasionados por el incumplimiento de su obligación de informar a la paciente.