La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA,  en nombre de una paciente que tuvo que ser intervenida urgentemente por presentar un tumor maligno grave que meses antes había sido considerado benigno por no aparecer en un mamografía.

La paciente venía presentando molestias desde hacía meses, así como un tumor palpable en la parte externa de la mama derecha, por lo que, en noviembre de 1999, se realizó mamografía para descartar malignidad del tumor. Sin embargo, en dicho estudio no se contempló patología alguna.

No conforme con los resultados, la paciente acudió a un médico privado, quien le realizó ecografía mamaria y la aconsejó realizarse una punción aspiración con aguja fina (PAAF) para obtener un resultado más concreto. Realizada dicha prueba, se detectó fibroadenoma y realizada citología, se rechazó malignidad.

Meses después, se detectaron cambios en la exploración clínica por lo que se remitió a la paciente al Hospital Gregorio Marañón para que le fuera realizada nueva exploración.

En junio del 2000, en el Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Gregorio Marañón se realizó a la paciente nueva exploración con mamografía, y se aconsejó que se realizara estudio de la lesión, llevándose a cabo una biopsia intraoperatoria que diagnosticó la presencia de carcinoma infiltrante en la mama derecha.

Por ello, le fue practicada inmediatamente mastectomía radical y linfadenectomía axilar homolateral.

Para el diagnóstico final, el Servicio de Ginecología Oncológica empleó también la mamografía realizada en noviembre de 1999, interpretando del resultado de la misma la existencia de tumoración de mama derecha con microcalcificaciones, y recomendando la extirpación.

De todo ello se desprende, que la interpretación realizada inicialmente no fue correcta, provocando ello el retraso en el diagnóstico, y que la enfermedad avanzara de tal manera que se tuviera que emplear un tratamiento quirúrgico radical, y llegando a producirse metástasis en los pulmones.

Teniendo en cuenta los daños y perjuicios ocasionados a la paciente, y que podían haber sido evitados de haberse efectuado un diagnóstico precoz de la enfermedad, la Sala ha condenado a la Administración Sanitaria al pago de una indemnización de 69.116,39 euros.