El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de AVINESA, por la amputación de una pierna a un paciente con antecedentes de problemas cardiovasculares por tardar cinco meses en practicarle un prueba diagnóstica.

El afectado acudió a urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), su hospital de referencia, en agosto de 2003 con un posible TAO por lo que se realizó una arteriografía que sugería obstrucción de humeral distal y radial de larga evolución. En septiembre acudió a consulta de cirugía donde se diagnosticó probable TAO o enfermedad de Bürger y se le citó para marzo de 2004, fecha en la que el paciente acudió de nuevo a consulta aquejado de dolor y agarrotamiento en pantorrillas y se le indicó acudir al reumatólogo, lo cual hace en abril de 2004, momento en el que se decide realizar estudios para descartar vasculitis y se solicita una ecocardiografía con carácter ordinario y se le cita para septiembre de 2004. En junio de 2004 el paciente sufre un accidente embolico. Tras varias intervenciones y sesiones de rehabilitación, el paciente tiene que ser ingresado en el servicio de medicina interna de su hospital por celulitis en miembro inferior izquierdo, lo que provocó que finalmente le tuviera que ser amputado dicho miembro.

Según el informe pericial, si no se hubiera retrasado tanto la cita para el ecocardiograma (de abril a septiembre) se hubiera podido diagnosticar a tiempo la patología que presentaba el paciente. Por otro lado, también indica el informe del perito que el día que el paciente sufrió el accidente embolico se produjo un retraso de 9 horas en la realización de una arteriografía, lo cual condicionó la evolución desfavorable del paciente.

El Tribunal ha considerado que hubo dilación de la Administración, ya que la ecocardiografía se debió de realizar con carácter urgente y no ordinario como se hizo, ya que el paciente presentaba antecedentes desde 2002, lo cual no se tuvo en cuenta.

Por esta razón, la Administración deberá indemnizar con 350.000 euros al paciente.